PROPUESTA DE REFORMAS A LA LEY 5464 DE CREACIÓN DE UN CONSEJO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL PARA LA CABA FORMULADA POR LA LIGA DEL CONSORCISTA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL

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9 Mar 2016 - 15:52
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En apretada síntesis, lo que propone nuestra Fundación consiste en los siguientes puntos de reforma de la ley 5464 de la Ciudad de Buenos Aires:

1.

El Consejo de la Propiedad Horizontal debe depender del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y estar presidido por un delegado del Poder Ejecutivo municipal.
Por múltiples razones que serán explayadas en su oportunidad, la experiencia desaconseja la creación de otra corporación más, similar a las tantas que existen actualmente, que siendo privadas, usan del poder coercitivo del Estado y paralelamente, sus autoridades terminan enquistadas en el poder durante generaciones.

2.

El texto de la ley actual carece de contenidos. No se refleja allí otra cosa que la intención de crear una entidad recaudadora para el beneficio exclusivo de ciertos grupos de intereses. Por ello, aconsejamos que se incorpore a la norma la finalidad de brindar a la comunidad consorcial determinados servicios necesarios, como ser:

a) Garantizar una adecuada formación técnica y ética para quienes ejerzan la función de administrar consorcios a través de permanentes cursos de capacitación.

b) Difundir la educación para la convivencia, elemento insustituible para todo habitante de edificios de Propiedad Horizontal, mediante clases abiertas a la comunidad dentro y fuera de los edificios.

c) Crear un sistema de Inspección de Consorcios, que satisfaga las frecuentes denuncias de los consorcistas por irregularidades en las administraciones, alteración del orden en las asambleas, abusos en el uso de las cosas comunes, perturbaciones a la convivencia por múltiples motivos, etc.

d) Hacer efectivo un sistema de conciliación y arbitraje obligatorios para todos los conflictos que peturban la convivencia.

e) Instrumentar un Tribunal de Disciplina que garantice la idoneidad y transparencia de las administraciones en el ejercicio de sus funciones.

Por ello, se aconseja redactar el Art. 9 en los siguientes términos:

Art. 9°.- Integrantes: El Comité Ejecutivo estará compuesto por quince (15) Miembros Titulares y quince (15) Miembros Suplentes según la siguiente integración:

a) Tres (3) representantes de las Cámaras y/o asociaciones civiles sin fines de lucro de la Propiedad Horizontal, que cuenten con Personería Jurídica y Gremial, que tengan facultades para suscribir los Convenios Colectivos de Trabajo y que nucleen a las personas que ejerzan la actividad de la administración de consorcios de propiedad horizontal, con mayor representatividad en el ámbito de actuación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) Seis (6) representantes del sector de las organizaciones y/o asociaciones civiles dedicadas a la defensa de los intereses de los consorcios y copropietarios, con ámbito de actuación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que acrediten suficiente antigüedad y solvencia académica.

c) Tres (3) representantes de las asociaciones sindicales y gremiales con personería jurídica y gremial, inscriptas en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que nucleen a los trabajadores de edificios de renta y horizontal con mayor representatividad en el ámbito de actuación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d) Un (1) representante por el sector de las Asociaciones civiles y organizaciones que tengan por objeto la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, con ámbito de actuación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

e) Un (1) representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la defensa de los derechos de los inquilinos de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal, con ámbito de actuación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

f) Un (1) representante por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del funcionario que designe la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, o el organismo que en un futuro lo reemplace.

3.

Deberá mantenerse la norma vigente que establece para el mandato del administrador un plazo de caducidad de un año, excepto que el Reglamento o la Asamblea dispongan otro plazo, y que la no renovación de dicho mandato deberá contar con al menos, el voto de los dos tercios de los propietarios presentes en la asamblea.

4.

Finalmente, debe eliminarse del texto la facultad del administrador de incumplir la manda asamblearia cuando, a su juicio, la misma resulte contraria a derecho, porque lesiona la soberanía de las asambleas, basada en la garantía constitucional de la propiedad.


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