La jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires Alejandra Petrella ordenó desconectar una antena de telefonía celular instalada en una escuela hasta que se defina si produce radiación nociva para la salud de los alumnos.


Los padres reclamaron el traslado de la antena -de unos 30 metros de altura y cinco toneladas-, instalada en el establecimiento y por la cual las autoridades del colegio (privado pero con subsidio estatal) percibirían un canon mensual.


Los demandantes expusieron que la instalación de la antena -perteneciente a la empresa Telecom Personal- viola la ley de evaluación de impacto ambiental, porque existe la posibilidad de que se produzcan efectos contaminantes a través de los campos electromagnéticos.


La Empresa de Telefonía aclaró que: "Vamos a cumplir con lo que la Justicia establezca. La otra obligación nuestra es garantizar la prestación del servicio según el diseño de la red, por lo que garantizamos el servicio. Y es importante considerar que tanto esta antena como todas las antenas celulares con sus zonas aledañas instaladas en la Capital han sido medidas con el control de la Comisión Nacional de Comunicaciones y del Ministerio de Medio Ambiente porteño. El último informe indicó que todas ellas emiten radiaciones varios miles de veces por debajo de lo que establece la ley argentina, cuya regulación es más severa que la establecida por la OMS".


Las antenas de celulares emiten radiaciones no ionizantes, que no pueden provocar el desprendimiento de un electrón de un átomo. Y aunque no existen estudios que demuestren que ese proceso sea perjudicial para la salud, tampoco hay ningún trabajo científico que pruebe que es inocuo.


El fallo se centra en las fallas de habilitación de la antena: "Se desconoce por completo (y para ello deberán instrumentarse las pruebas pertinentes) qué consecuencias sobre el ambiente puede generar la antena que se encuentra funcionando sobre un establecimiento escolar. Máxime, tratándose de efectos que podrían afectar a niños".

Fuente: Diario La Nación del Sábado 28 de octubre de 2006