En el caso, se trataba de una encargada de 85 años de edad, que en un acuerdo conciliatorio con el Consorcio, se determinó que éste le abonaría la suma de $ 30.000 en concepto de indemnización a pagar en 12 cuotas mensuales de $2.500.
El Consorcio deja de pagar luego de la segunda cuota, por lo que la Encargada inicia la Ejecución del Acuerdo por todo el saldo restante (conforme a la cláusula de caducidad automática establecida en el convenio), que ascendía a $ 24.600 con más sus intereses.
La parte actora (la encargada) solicitó: a) que “se decrete embargo sobre cada una de las unidades funcionales que componen el inmueble…en la proporción en que cada una de ellas participa en la distribución de los gastos comunes…”, y b) en caso de que se considerase que la responsabilidad de los consorcistas resulte subsidiaria, el embargo sobre la recaudación de expensas comunes del consorcio.
Si bien no obtiene un fallo favorable del Juez de Primera Instancia, la Cámara de Apelaciones (Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo), le da en parte la razón.
El Juez de Primera Instancia, solamente le otorga el embargo sobre el 30% de las expensas. La encargada acredita en el expediente que la última recaudación del Consorcio había sido de $2.236, por lo que tardarían aproximadamente tres años en pagarle lo que le debían, y ese plazo era desmesurado, en razón de su avanzada edad.
La Sala no solamente estima pertinente el embargo sobre las expensas, sino que tampoco descarta la responsabilidad subsidiaria de los Consorcistas. En caso de no alcanzar el monto mensual de expensas, la encargada podrá embargar las unidades funcionales, dividiéndose la deuda en partes iguales, sin perjuicio de repartirla luego, en el orden interno, en la proporción asignada para el pago de las expensas comunes.
Reflexiones sobre el Fallo
Ahora bien, el fallo denota ante todo, que la Justicia ha tomado en cuenta las circunstancias personales de las partes para, precisamente, hacer justicia.
Muy cierta es la frase que dice que una justicia a destiempo no es tal. Si la parte actora tiene 85 años de edad, obligarla a recibir exiguas cuotas mensuales por varios años es sinceramente injusto.
Por esta razón es que considero este fallo ciertamente loable.
Sin embargo quedan algunas preguntas flotando luego de leerlo, que no tienen nada que ver con la sentencia: Qué hacía una encargada de consorcio trabajando con más de 80 años? No la intimó a jubilarse el Administrador del Consorcio? No le alcanzarían los aportes? Podría haberla jubilado por edad avanzada?
Quedan otras preguntas pendientes que sí tienen relación directa con la sentencia: El Consorcio no es entendido por la jurisprudencia como persona jurídica distinta de sus integrantes? Cómo es posible que no hayan participado del juicio todos y cada uno de los Consorcistas? A mi parecer condenar a alguien a pagar lo que fuere, sin haber sido citado al Juicio ni haber tenido oportunidad de oponer sus argumentos, violenta flagrantemente el derecho constitucional a la defensa en Juicio, amparado no solamente por nuestra Carta Magna sino por numerosos Tratados Internacionales con Jerarquía Constitucional.
Y finalmente queda una pregunta que me ha rondado la cabeza desde que leí por primera vez el fallo: La sentencia es loable, pero… tomaría la Justicia el mismo camino de entereza moral para con otros casos? Otras cuestiones planteadas judicialmente que no sean de derecho laboral? Y vienen a mi mente todos esos numerosos juicios por humedades y caídas de agua no reparadas por el Consorcio, donde el copropietario debe iniciar interminables acciones judiciales, ante una Justicia lenta, que siempre llega a destiempo.
Si esta Sentencia, que refleja fibra moral en nuestros Jueces, pudiera extender su ejemplo en TODOS los otros ámbitos donde los justiciables (o sea todos nosotros) relaman Justicia, entonces el fallo reconciliará a la gente con nuestro Poder Judicial y podría llegar a ser –parafraseando a Bogart en aquél clásico del cine–, el comienzo de una bella amistad.