Los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conjuntamente con la Comisión de Usuarios y Consumidores del Parlamento de la Ciudad y la Asociación Acción del Consumidor presentaron un amparo ante la Justicia municipal (fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires) con el fin de evitar el aumento en las tarifas de servicios públicos.
Lo hicieron impulsados por la posibilidad cierta de concretarse un aumento en el cuadro tarifario de varias empresas privatizadas.


Pidieron como medida cautelar prohibir innovar en el valor de las tarifas de "todos" los servicios públicos, señalando que las privatizaciones fueron anteriores a la reforma constitucional de 1994, que consagrara los derechos de usuarios y consumidores.
Si bien las empresas invocan obligaciones contraídas en dólares, en realidad son los usuarios los que sufren la disminución de la calidad de las prestaciones.


Los diputados informaron que a la brevedad pondrán a disposición de la gente un cuerpo de asesores a fin de que - quienes deseen sumarse a este amparo - se presenten ante la Legislatura de la Ciudad con ese fin.