Los antiguos decían que el camino del infierno estaba empedrado de buenas intenciones. Un ejemplo palpable lo tenemos en el tema de las Paritarias, que son convenios colectivos de trabajo cuyo objetivo es servir a los trabajadores, porque éste es el sector de la sociedad que cuenta con su esfuerzo personal como su único capital. Así es que, con la mejor de las intenciones, la Constitución Nacional le otorga a los Gremios el derecho a entablar negociaciones con los representantes de quienes contratan personal, a fin de que fijen, de común acuerdo, condiciones mínimas de labor y de remuneración para cada actividad, con participación en las ganancias de las empresas. (Art. 14 bis)
Con esas negociaciones colectivas, se evita que el empleador abuse de su situación de superioridad económica frente al empleado a la hora de contratar sus servicios, obligándolo a ceñirse a las pautas fijadas en aquellas negociaciones colectivas, que con la homologación del Ministerio de Trabajo, se convierten, prácticamente, en ley. Se llaman precisamente “paritarias” porque al negociar, empleadores y trabajadores se colocan en “paridad”, o sea, en igualdad de condiciones.
Pero una cosa es la Constitución Nacional, y otra muy distinta la realidad. En los hechos, al tiempo en que el trabajador llega a cobrar efectivamente el aumento de sueldo logrado por su gremio, los empleadores ya lo han trasladado, y con holgura, a los precios de los respectivos productos y servicios que ofrecen al público. De tal manera, el asalariado comprueba, en su bolsillo, que en realidad, los únicos beneficiados por aquellos acuerdos de salarios han sido las entidades negociadoras y no él. Es decir: los gremios, que ven aumentar con ello sus aportes, y las empresas, que en la operación de “toma y daca”, resultan beneficiadas.
Esto que decimos, en realidad, es una verdad de Perogrullo porque los argentinos lo hemos venido sufriendo desde muchos años atrás, desde el nacimiento mismo de la práctica de las negociaciones colectivas y su hermana gemela: la inflación.
Los acuerdos paritarios, del modo como están instrumentados, sirven para que sindicalistas y empresarios se hagan cada vez más ricos, mientras que los trabajadores resulten ser cada vez más pobres.
Para que las paritarias puedan funcionar de manera eficaz a favor de sus verdaderos destinatarios, que son los trabajadores, deben implementarse medidas adicionales que la encarrilen dentro del marco de la legalidad y equidad.
En primer lugar, el Estado Nacional debiera darse cuenta que esas negociaciones deben respetar los límites naturales impuestos por el sentido común. Deben negociarse aumentos de sueldos en función de las condiciones de trabajo y la rentabilidad de las empresas, pero de ningún modo incrementos destinados a paliar el fenómeno inflacionario. Porque la inflación, que es una enfermedad de la moneda, debe ser tratada por el órgano emisor, que es el Estado, y su remedio no está en manos de patrones ni de obreros.
Permitir que cada rubro de la actividad económica establezca independientemente parámetros diferenciados de corrección monetaria, es un vicio estructural de la economía que nos lleva permanentemente de crisis en crisis, condenando al país a una constante inflación, sea cual fuere el gobierno de turno.
En segundo lugar, se agrega otro fenómeno: el de la expectativa inflacionaria, que es una especie de grito de “sálvese quien pueda” de comerciantes y distribuidores, que precede a un “colchón” de aumentos antojadizos para salvarse de perder ganancias futuras. Aquí viene la historia de vender “a precios de reposición”, último eslabón virtual de la espiral inflacionaria, que empobrece, progresiva e inexorablemente, a quienes viven de un salario.
Finalmente, es necesario tomar conciencia de que la intermediación, en todas sus manifestaciones, debe estar sometida a márgenes lícitos de ganancia establecidos por ley. La libertad de comercio no debe confundirse con el enriquecimiento, ni el encarecimiento sin causa.
Diputados y senadores tienen los medios para hacerlo, cuentan con una pléyade de asesores, pueden estudiar el tema y resolverlo de alguna manera. Porque ese, junto con la inseguridad, es el principal problema que afecta a la población y no se remedia con “marketing político”- Además, se supone que para eso se les paga. Para que elaboren leyes inteligentes. No deben gesticular para “la militancia”, sino trabajar en serio para los trabajadores, empleados, obreros y profesionales que en silencio sostienen, con su esfuerzo, todo el sistema.