Con franca indignación los consorcistas hemos recibido la noticia de la homologación por parte de la Subdirectora Nacional de Relaciones del Trabajo, de un nuevo acuerdo celebrado entre el gremio de Encargados de Propiedad Horizontal y dos asociaciones que pretenden representar a los Consorcios de todo el país. La historia es siempre la misma: este nuevo convenio, registrado en el Ministerio de Trabajo bajo Nro. 780/09 [4], impone nuevas erogaciones y cargas para los consorcios, ningún beneficio para éstos y una nueva recomposición salarial en favor del personal de Encargados, incluida una suma adicional no remunerativa. Y por si fuera poco, un aumento en los seguros que deberán pagar los consorcios y que maneja discrecionalmente el sindicato de Encargados.
Con las características señaladas, la calificación de “negociación” pierde todo sentido, siendo una verdadera burla para los millones de consorcistas que deberán hacerse cargo del pago de esas obligaciones concertadas entre terceros sin su intervención.
La calificación de burla tiene fundamentos: En primer lugar, el texto del convenio, al referirse a la parte empleadora, la llama: “parte empresaria”, como si los consorcios que dicen representar fuesen empresas. Todos sabemos que no lo son. Que sólo constituyen grupos de vecinos que viven en edificios compartidos, sin objeto alguno civil, comercial ni industrial, gratuito ni oneroso que induzca a catalogarlos como empresas. Que allí no hay actividad económica que permita aunar los intereses de los habitantes de esos conglomerados. En fin, que la mayoría de ellos son asalariados, activos y pasivos.
En segundo lugar, el Ministerio de Trabajo sabe que debe reglamentarse la Ley 14250 en lo que hace a la representación de los consorcios en esas impropias negociaciones, y no lo hace. Hace años que desde muchos sectores se le viene señalando la necesidad de hacerlo, sin que ese Ministerio haya prestado, hasta ahora, oídos. Habría que hacerles presente a los funcionarios, que quienes ejercen la función pública deben atender el derecho constitucional del pueblo de peticionar ante las autoridades. En todo caso, a propósito de su silencio, habría que recordarles lo que decía José Ingenieros: que “sólo es lícito callar cuando es imposible hablar con dignidad”.
Lamentablemente, el sistema de paritarias aplicado de la manera como se lo viene haciendo hasta el presente, y sin desmedro del respeto debido al personal de encargados, es notoriamente abusivo y sólo cumple con las formalidades más superficiales de legalidad. En el fondo, entraña una profunda ilegitimidad, que da lugar a un constante daño moral y material a toda la población que vive o trabaja en edificios de propiedad horizontal, que sufre una permanente arbitrariedad y despojo.
Al margen de la razón fundamental de que la desvalorización de la moneda con la que se paga el salario no puede paliarse individualmente por cada sector de empleadores –argumento que lo hemos repetido en otras ocasiones [5] y que afecta a todas las convenciones colectivas en general– su aplicación a los consorcios de propietarios resulta carente de todo sustento racional, apoyada sólo en el derecho de la fuerza.
Bajo esas circunstancias y haciendo nuestras las palabras de Martin Luther King, decimos que “llega un momento en que se colma la copa de la resignación”. Y aunque parezca una frase de extrema dureza, declaramos que el único camino que les queda a los consorcistas, es el de la “desobediencia civil”.
Conviene tener presente que no es el único antecedente en el mundo y menos aún en nuestro país, donde cualquier banda armada se permite cortar calles, agredir a los transeúntes y ser tratada luego como ejerciendo derechos constitucionales lícitos. Nosotros nos referimos a la actitud que deberán adoptar, en definitiva, quienes han llegado al borde del hartazgo ante el continuo maltrato de un par de corporaciones cuya única legitimidad nace del hecho de estar situadas próximas al poder.
No se crea que somos insensibles a la gravedad que el concepto de desobediencia civil entraña, como tampoco del hecho de que no será posible practicarla de inmediato. De lo que sí estamos seguros es que, lamentablemente y sin quererlo nosotros, ese es el camino inexorable que nos espera, no hay otra alternativa. Los consorcios de todo el país son una clase demasiado pasiva y una “caja” demasiado grande para que puedan liberarse fácilmente de las garras de los distintos grupos de poder.
Es oportuno decir que la desobediencia civil ha sido justificada en determinadas situaciones por las figuras más ilustres de la cultura. Comenzando por San Agustín, quien afirmó que “La ley injusta no es ley” . Para Henry D. Thoureau “No es deseable cultivar respeto por la ley más de por lo que es correcto” . José Ingenieros dijo: “Se tiene una responsabilidad moral además de legal en lo que hace al acatamiento de las normas justas. Y, a la vez, se tiene la responsabilidad moral de desobedecer normas injustas” . –Podrán preguntar, –dijo Martin Luther King– “¿Cómo pueden ustedes defender la desobediencia de unas leyes y el acatamiento de otras?”. La contestación debe buscarse en el hecho de que existen dos clases de leyes: las leyes justas y las injustas” .
Finalmente digamos con Bertrand Russell: “Si se quiere preservar libertades valiosas es necesario que exista gente dispuesta a criticar a la autoridad e incluso, si se da el caso, a desobedecerla” .
Por eso hemos creado al efecto un sitio de Internet: www.unionytransparencia.com [6] con la esperanza de que nos unamos todos los consorcios, espontáneamente y de manera voluntaria para decir “BASTA”. “No vamos a obedecer más resoluciones antojadizas disfrazadas de disposiciones legales. Queremos la vigencia plena y para todos de la Constitución Nacional”.