Recientemente se circularizó la noticia de que el Estado habría pedido al gremio de encargados (Suterh), que colaborara con el problema de la falta de energía, instando a los encargados afiliados a que informasen “a las distribuidoras eléctricas sobre el uso de los aparatos de aire acondicionado” que tienen los ocupantes de los departamentos.
Léase, indicar quién tiene aparatos de aire acondicionado y cuántos.
Ello bajo el pretexto de "agilizar la información en caso de un apagón"

Cada vez que el Estado busca recabar información de los particulares, a la ciudadanía le viene una sensación de incomodidad, una mala espina como solemos decir los argentinos, sobre todo cuando la excusa es porque ello nos beneficiará a todos.

Cuando esta mañana leí la noticia, la primera pregunta que me vino a la mente es “¿Para qué necesitarán saber cuántos aires acondicionados tengo? Si en realidad quisieran conocer el consumo de energía eléctrica, las propias empresas pueden saberlo con el historial de facturación”.

¿No será que quieren conocer esta información para otros propósitos inconfesables?

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La segunda pregunta que me vino a la mente es “Puede el Gremio obligar a sus afiliados a transformarse en espías de los lugares donde trabajan?” La respuesta, casi automática es NO. Es decir, el Gremio puede pedirles a los encargados que informen, pero no exigirles. Ello no figura en el Convenio Colectivo, y además entraña una flagrante violación a principios constitucionales básicos.

Entonces, ¿qué podrían hacer los consorcistas que no quieren que el Estado, ni nadie se inmiscuya en sus vidas?

Una solución sería que el administrador del Consorcio, haciendo uso del derecho que le otorga el art. 9º inc. a) de la ley 13.512, ordene a los empleados del edificio abstenerse de proporcionar información a terceros sobre cualquier circunstancia relativa a los propietarios y/u ocupantes de las unidades. Ello implicará, naturalmente inscribir dicha orden en el Libro de Órdenes del Consorcio y notificarla fehacientemente al empleado.

Sugerimos a las autoridades creadoras de esta sospechosa idea, que si el propósito de la misma es realmente ahorrar energía eléctrica, comiencen el ahorro en las oficinas públicas, cuyo derroche de energía es más que evidente, y sobre todo controlen el apagado del alumbrado público de plazas y calles en horas diurnas.

La economía bien entendida empieza por casa.