Actualización del 14 de Noviembre de 2007: COMUNICADO A todos quienes hayan recibido contestación de los legisladores al repudio del plan de despojo a la familia urbana [leer [6]]
La gente debe saber que actualmente existe un proyecto en la legislatura porteña que intenta crear un Colegio Público de Administradores único y obligatorio para toda la ciudad, que pretende otorgarle al Administrador el derecho de desconocer los mandatos de las asambleas de propietarios y además, impide depositar los fondos del consorcio en un Banco a nombre del propio consorcio. En definitiva, el Administrador será el único depositario del dinero de la gente.
Por supuesto que todo esto, además de inconstitucional, resulta francamente repugnante. Para hacérselo saber a los legisladores responsables acudimos el día 31 de octubre pasado a la Legislatura porteña.
Llamó la atención que no fueran los propios legisladores quienes nos recibieran y dieran la cara sobre la autoría de ese proyecto infame, y también, que los supuestos “asesores” que se presentaron no estuvieran en condiciones de responder absolutamente ninguno de los planteos jurídicos que les hicimos.
Es también muy significativa la falta de publicidad que la legislatura le da a este proyecto, ya que estamos hablando de algo que afecta a la inmensa mayoría de los habitantes de la ciudad. Sobre todo teniendo en cuenta las enormes sumas que se gastan en las campañas políticas y en promocionar todo tipo de cosas. Pareciera que no quieren que la gente se entere de esto.
Si este proyecto es aprobado, los administradores, sin consultar con los propietarios, van a poder decidir con qué proveedores contratar y serán ellos mismos los que fijen los honorarios que el consorcio tendrá que pagarles.
En realidad, este grupo de administradores, junto a los diputados Santilli, Enríquez, Caeiro, Talotti, Centanaro, Destefano, Devoto, Failde Moure, De Estrada y Zago, pretenden crear algo así como un peaje obligatorio: Todos los que quieran administrar consorcios tendrán que entrar por acá, y pagar lo que ellos decidan: matrículas, derechos de inscripción, aranceles varios, emisión de credenciales, cursos obligatorios, etc., etc., etc. Hasta cuando se estornuda, habrá que pagar. Y lo mismo que pasa en ciertas otras corporaciones, el poder irá pasando de padres a hijos y las comisiones directivas crearán un cerco y erigirán una capilla donde se entronizarán. Pero con una diferencia sustancial: ésta corporación será más peligrosa aún, porque no será de inocentes profesionales, sino gerentes de bienes ajenos.
Sería ingenuo, a propósito, preguntar de dónde saldrá, en definitiva, todo ese dinero destinado a integrar la enorme “caja” que se proyecta, ¿verdad? Por supuesto, del bolsillo del consorcista. De toda la pobre gente que vive o trabaja en edificios de propiedad horizontal. De todos los que pagan expensas, así sean propietarios o inquilinos.
En honor a la verdad, hay que reconocer que muchísimos administradores también están en contra de este proyecto. Son los que defienden la libertad de trabajo, la libre competencia y la sana ganancia habida con el fruto de su trabajo.
Sin más prolegómenos, en pocas imágenes, veamos qué pasó en la Legislatura el otro día. En este video le mostramos parte de lo que allí aconteció.
De todos modos, haciendo clic aquí podrá descargar el texto completo del proyecto, al que hemos llamado: PROYECTO DE DESPOJO A LA FAMILIA URBANA [7]
NOTA: Existen actualmente dos versiones del proyecto, que varían en algunas cosas, entre ellas en la ubicación del articulado (es decir, lo establecido en el art. 8º en uno de los proyectos, se encuentra en el art. 41 en el otro).
Descargue la nueva versión del proyecto (contiene algunas reformas posteriores y cambios en el articulado)desde aquí [8]