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En el caso se presenta el Consorcio en el Concurso preventivo de la sociedad administradora. El Consorcio pretende la verificación de su crédito en virtud de la retención de montos que había hecho la administración para pagar deudas del Consorcio presuntamente no satisfechas.

"Al no estar controvertido que el vínculo que unía a las partes es de naturaleza convencional, y encuadrado el caso en la órbita de la responsabilidad contractual, cabe destacar que los presupuestos para reclamar indemnización son: i) el incumplimiento del deudor; ii) la imputabilidad de ese incumplimiento; iii) el daño sufrido por el acreedor; y iv) la relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño experimentado"

Si bien se ha evidenciado la existencia de obligaciones devengadas al tiempo en que la fallida era la administradora del consorcio actor, lo cierto es que no logró acreditar su culpabilidad. Ello en tanto que el perito contador, en su dictamen -que no fue impugnado por el apelante-, dio cuenta de la alta morosidad existente en el pago de expensas de los propietarios que integran el consorcio.
Esta morosidad es dirimente para resolver la cuestión, pues el valor disponible en caja era insuficiente para afrontar -cuanto menos- las deudas informadas por AFIP, OSPERYHRA, FATERYH,SUTER y H y la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de San Clemente del Tuyú Ltda.

El Tribunal concluye que no resulta razonable imputarle responsabilidad a la administración por el pasivo generado durante su gestión como administradora cuando los propios propietarios integrantes del consorcio adeudaban por expensas la suma de $ 60.220,55.